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El secretario de Estado de Defensa reclama una ley plurianual para sostener el modelo de Fuerzas Armadas

Ángel Olivares, secretario de Estado de Defensa, ha expuesto ante los diputados de la Comisión de Defensa del Congreso la letanía de datos, cifras, cantidades y programas que rellenan los diferentes capítulos del presupuesto de Defensa de 2019.

Juan Pons.

La mano derecha de la ministra Margarita Robles ha afirmado que se siente “muy satisfecho del presupuesto” porque es “un avance considerable que incrementa la capacidad de compra y consolida las bases para futuros crecimientos”.

En dos ocasiones ha expuesto a los grupos políticos presentes lo deseable que sería poder alcanzar un compromiso de Estado que permitiese a la Defensa disponer de la “previsibilidad presupuestaria que requiere”, de forma que facilitase “una planificación más racional y efectiva para asegurar la sostenibilidad del modelo”.

Olivares ha concluido su eufemismo subrayando que ese compromiso de Estado debería permitirnos “sentar las bases” para acordar y aprobar “en un futuro no lejano” la que ha bautizado como “Ley de Financiación y Programación de las Fuerzas Armadas”.

Durante su intervención, ha resaltado la importancia que tienen en estos presupuestos los programas de inversión ya autorizados para “recuperar capacidades esenciales” que se fueron perdiendo durante la crisis.

Según ha detallado el responsable de la política económica del departamento, el presupuesto consolidado del ministerio de Defensa para 2019 asciende a 9.973 millones de euros, lo que supone un aumento de tan solo el 1,5%, cifras que han sido calificadas por la oposición como “irreales, insuficientes, continuistas e inciertas”.

No obstante, Olivares ha recalcado que a la cifra anterior hay que sumar la prórroga aprobada en el último Consejo de Ministros del año para las operaciones en el exterior. Su financiación se extrae del llamado Fondo de Contingencia, cuyo primer paquete económico es de 375 millones de euros.

A los 375 millones está previsto añadir dos ampliaciones de crédito en los meses de marzo y junio por un importe de 801 millones, que aportan “certidumbre a las disponibilidades económicas y permiten un planeamiento más eficaz y mayor transparencia”. De hacerse realidad, supondría un total de 1.176 millones, equivalente a un incremento del 6,9 %.

El secretario de Estado ha hablado más del pasado ejercicio que del actual, resaltando los Programas Especiales de Armamento aprobados en Consejo de Ministros durante la segunda mitad de 2018 y dando una prolija relación de cifras, pagos y previsiones de entregas que, en buena parte, ya habían difundidos por el Consejo de Ministros.

En relación a los programas de I+D+i, ha contado que los créditos totales del ministerio, incluidos los organismos autónomos ‒principalmente el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA‒ se elevan a 216,91 millones de euros, que supone un incremento ínfimo. Tal cantidad está muy por debajo de los 296 millones asignados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El principal colaborador directo de la ministra Robles no ha citado en ningún momento cuales son las previsiones en relación a los programas de adquisición de armamento pendientes de ser autorizados por el gobierno, ni mucho menos cuáles serán aprobados a lo largo del presente año.

Tan solo planeaba en el ambiente el comentario formulado la semana pasada por la propia ministra Robles durante el Foro de Defensa organizado por APTIE y elEconomista de que, en pocos días, se haría pública una importante noticia.

Ya ha pasado una semana y la constatación de la tan celosamente guardada noticia debe estar muy cerca.  Pero a nadie se le escapa que se trata de la entrada de España en el programa del Futuro Avión de Combate Europeo o FCAS que impulsan Francia y Alemania y lideran Dassault Aviation y Airbus Defence and Space.

 

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