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Estados Unidos quiere mantener las restricciones espaciales a China

Estados Unidos quiere mantener en el presupuesto federal de 2019 la política de restricciones que contiene la llamada Ley de Asignaciones Consolidadas y que aplica a sus relaciones de cooperación con China en materia espacial.

Juan Pons.

Implantada en 2011 y reforzada a lo largo de los últimos años, la citada ley limita de manera extraordinaria cualquier posibilidad de iniciativa conjunta entre la NASA o la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP) con cualquiera de los organismos espaciales del gobierno de Pekín.

Ninguna de las partidas económicas que se incluyen en la ley puede ser utilizada por la NASA o por la OSTP para “desarrollar, diseñar, planificar, promulgar o ejecutar un política bilateral, programa, orden o contrato de cualquier tipo para participar, colaborar o coordinar bilateralmente de cualquier manera con China o cualquier compañía china”,

El grado de detalle llega al extremo de impedir que ninguno de los fondos pueda ser utilizado “para alojar en instalaciones pertenecientes o utilizadas por la NASA a visitantes chinos en misión oficiales”.

Para dar cabida a algún grado de cooperación se contemplan dos medidas. Por un lado, que las actividades que se puedan poner en marcha “estén específicamente autorizadas por una ley promulgada después de la fecha de promulgación de la Ley de Asignaciones Consolidadas”.

Por otro lado, se responsabiliza al FBI de certificar que cualquier actividad de cooperación que se pretenda emprender con China no debe suponer “ningún riesgo de transferencia de tecnología, datos u otra información con implicaciones para la seguridad nacional o la seguridad económica de Estados Unidos”. También se encarga al FBI la misión de verificar y certificar que los posibles visitantes oficiales chinos no hayan estado “directamente involucrados en violaciones de los derechos humanos”.

Como colofón, se exige que las certificaciones del FBI deberán estar en poder de la Cámara de Representantes y del Senado “con una anticipación mínima de 30 días al inicio de la actividad prevista” y deberá incluir “una descripción del propósito de la actividad, su agenda, sus principales participantes, su localización o recorrido y el calendario”.

 

 

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