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La industria de defensa demanda la implicación de las altas autoridades de la nación

La oportunidad que brinda Bruselas a las industrias de defensa europeas al facilitarles una dotación financiera de 13.000 millones de euros dentro del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el período 2021-2027 se presenta como un primer paso para la fortalecer la soberanía tecnológica e industrial del sector y reforzar su competitividad a escala mundial.

Juan Pons.

El mapa de ruta elegido por las autoridades comunitarias para sembrar con los 13.000 millones la geografía del viejo continente es a través de promover la cooperación entre los países miembros de la UE y sus industrias, pero no solo beneficiando a las grandes corporaciones sino también regando de financiación a las pequeñas y medianas empresas.

Para determinar las implicaciones del Fondo Europeo de Defensa y su repercusión sobre el futuro del tejido industrial español de la defensa se celebró ayer, 17 de enero, una mesa redonda en la sede del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) de Madrid, con la asistencia de más de 150 importantes directivos de compañías del sector y cargos del ministerio de Defensa.

En ella intervinieron Félix Arteaga y Luis Simón, investigadores del Real Instituto Elcano, ‒el think tank español de mayor prestigio nacional e internacional‒, autores de   un detallado análisis que contiene una serie de recomendaciones encaminadas a alertar a las autoridades españolas de las medidas que hay que poner marcha para obtener el máximo retorno industrial posible en los planos económico y tecnológico.

Una de las recomendaciones que ambos investigadores ponen sobre la mesa es la necesidad de que las autoridades españolas “identifiquen los ámbitos industriales y tecnológicos prioritarios desde el punto de vista estratégico”. Pero eso no es tarea fácil.

En febrero de 2017 se estableció un grupo interministerial de coordinación liderado por la dirección general de Armamento y Material del ministerio de Defensa con la participación de TEDAE y AESMIDE, las asociaciones del sector. Sin embargo, tanto Arteaga como Simón consideran que el citado modelo debería ser “reforzado a nivel político y estratégico supra ministerial que sea eficaz para defender los intereses españoles”.

Los investigadores proponen la implicación directa en esta materia de las altas autoridades políticas de la nación, lo que aumentaría de manera considerable el nivel de influencia de España en los foros de Bruselas, a la vez que incrementaría la capacidad de interlocución con otros países al más alto nivel político y estratégico. Arteaga subraya que España “necesita de alguien que vele por la industria y la tecnología de todos y que ponga fondos, pero no para comprar armamento sino para contribuir a la prosperidad general”.

Junto a Arteaga y Simón intervinieron el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa, quien resaltó la importancia de que “por vez primera en su historia, la Unión Europea va a contar con presupuestos de defensa“. También expuso sus puntos de vista el general Felipe de la Plaza, subdirector general de Relaciones Internacionales de la dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

De la Plaza puso de relieve la importancia del Reglamento del Programa Industrial de la Unión que, según detalló “protege a la industria europea, impulsa y bonifica la conexión con otras industrias europeas, evita el miedo de que los fondos puedan acabar en manos de las industrias más fuertes y crea un gancho para que países no pertenecientes a la Unión puedan acceder a los fondos”. “La defensa puede ser el catalizador para construir Europa”, concluyó.

Para Javier Ponce, director general del CDTI, subrayo que “Bruselas acaba de abrir un nuevo marco para el que es necesario tener capacidad de influencia”. Una de los cambios inmediatos que ha puesto en marcha el CDTI ha sido establecer un nuevo departamento que, bajo la dirección de Juan Carlos Cortés, va a asumir las responsabilidades en materia de espacio, grandes instalaciones y programas duales.

Cortés expuso que España “debe aprovechar la relevante inversión en tecnologías duales que va a realizar la UE”, lo que exige “una estrategia coordinada e inversiones nacionales en paralelo”. Detalló que a nuestro país le corresponde “un retorno aproximado del 10% de sus aportaciones, lo que supone del orden de 890 millones de euros, pero siempre y cuando se movilicen otros 3.600 millones en calidad de cofinanciación”.

Todo lo anterior se enmarca en el relanzamiento de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (PCSD), de tal modo que sus derivadas financieras, industriales e investigadoras han propiciado la entrada de la Comisión en el ámbito de la defensa en su sentido más amplio.

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